El lugar de la consulta popular y el juicio a los expresidentes
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por Diego Ilinich Matus Ortega 10 de julio de 2021
Vivimos momentos históricos. Nuestro país se agita, despierta y exige derechos al tiempo que se hace más consciente de sus demandas. Ya sea que se esté o no apoyando el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pocas y pocos quedan indiferentes ante la agenda pública del país.
La consulta popular sobre el juicio a los expresidentes no es la excepción, pues ha logrado posicionarse como uno de los principales temas de discusión. Desgraciadamente, como es natural en una democracia en proceso de consolidación, no siempre las discusiones y los debates públicos están acompañados de información veraz y objetiva. Pero con ello no todo está perdido, al contrario: muchos de los procesos sociales que enfrentamos son una oportunidad invaluable para poder desarrollar una mayor conciencia política sobre el momento histórico y coyuntural que vivimos. La consulta popular tiene entre sus virtudes el ser capaz de activar ese proceso de concientización política para generar herramientas y contenidos que eleven la discusión sobre lo público, al tiempo que se fortalecen las instituciones y los procesos democráticos de nuestro país. Por esto la consulta de juicio a los expresidentes es una oportunidad de oro para seguir fortaleciendo la participación política de la ciudadanía.
En México la democracia participativa y la democracia directa no han estado presentes en la toma de decisiones al interior de nuestro sistema político. En el mejor de los casos el reinado siempre ha sido de la democracia representativa, guardándose muy bien la corona para las y los «representantes», quienes rehúyen al desarrollo de procesos democráticos que incluyan al pueblo en la toma de decisiones. Tristemente ésta es la postura que generalmente se ha asumido. Pero para ir colocando las cosas en su lugar, podríamos decir que la democracia representativa pasa por la elección de representantes populares, quienes, respaldados por el voto del pueblo, ejercen el poder político en un marco institucional. En este tipo de democracia los mecanismos de control que tiene el pueblo para garantizar que se cumpla su voluntad son principalmente dos: por un lado, la existencia de leyes que sujetan el actuar de los representantes, y por otro la expectativa de que éstos respondan a las necesidades de los votantes, ya que de lo contrario se les retiraría el voto a ellos y a sus partidos en las siguientes elecciones.
Como se puede ver —y es ampliamente aceptado—, la democracia representativa es muy limitada, a tal punto que aún se mantiene abierto el debate sobre a quién representa el representante: al partido que lo postuló y sobre el cual recae el apoyo popular; a la ciudadanía que lo votó y le exige, en ocasiones, que actúe en contra de la posición que marca su partido; o a sí mismo, puesto que las decisiones y las votaciones de las cuales participe serán por necesidad una forma de participación a título personal. Además, otra de las limitaciones es que el representante sólo se ve obligado a escuchar la voz de la ciudadanía en cada proceso electoral cuando solicita el voto, lo cual es percibido por la gente cuando señala que «sólo vienen cuando hay elecciones y después no los volvemos a ver».
Por otro lado, la democracia participativa suma virtudes a la democracia representativa, tales como la existencia de procesos incluyentes e incentivos para un mayor involucramiento y comunicación entre representantes y representados. Por eso se debe reconocer en primer lugar que la democracia representativa no es excluyente de la democracia participativa, sino que se complementan. La democracia participativa aspira a que el pueblo se involucre directamente en las decisiones que se toman en un país, partiendo del hecho de que toda la ciudadanía tiene el derecho, e incluso en muchos casos la obligación, de emitir su opinión sobre cuestiones públicas. Ahora bien, también existen críticas respecto a este enfoque democrático, en donde se señala que una ciudadanía desinformada puede tomar malas decisiones, o que los procesos participativos suelen ser largos y desgastantes para contextos políticos y sociales que requieren de decisiones expeditas. Sin embargo, y reconociendo que no carecen de fundamentos todas esas críticas, los sistemas democráticos deben tener como objetivo el aspirar a desarrollar una ciudadanía cada vez más consciente y capacitada para tomar decisiones informadas y con criterios que respondan a sus necesidades, lo cual no se puede cristalizar si se les excluye sistemáticamente de la toma de decisiones. Es por eso que este momento es el más indicado para avanzar en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades democráticas y participativas de la ciudadanía, de modo que una consulta popular es perfectamente bienvenida y su resultado trasciende incluso a la consulta misma.
Los mecanismos de democracia directa que existen en una democracia participativa tienen como finalidad lograr que la ciudadanía participe de forma directa de la toma de decisiones, siendo ejemplo de ello mecanismos como el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular o el referéndum. Dichos mecanismos acaban por orientar y generar incentivos en los actores políticos, condicionándolos a tomar decisiones en apego al mandato del pueblo. También permiten desarrollar discusiones públicas amplias y ricas, en donde la argumentación y las campañas informativas juegan un papel crucial. En mi concepto, es importante recuperar estos elementos teóricos en la coyuntura actual, debido a que quienes están en contra de la consulta argumentan que la misma no tiene sentido, afirmando que su único fin es la manipulación y la generación de cortinas de humo; o bien, sosteniendo que la consulta corresponde a un conjunto de prácticas que desarrollan los «gobiernos populistas» para perpetuarse en el poder; o afirmando que su desarrollo polariza y dilapida recursos públicos que pueden ser utilizados en otras actividades para el beneficio común. También, finalmente, hay quienes dicen que la justicia no se consulta, sino que se aplica.
Para dar respuesta a algunas de estas críticas y ofrecer argumentos en favor de la consulta, debemos reconocer en primer lugar que en México carecemos de experiencia a nivel nacional en la aplicación de mecanismos de democracia directa, lo cual naturalmente genera temores, dudas e incluso rechazo en su aplicación. Son pocas las ciudades del país que en tiempos recientes han aplicado estos procesos de consulta para tomar decisiones vinculantes de gran calado, como es el caso de Mexicali, en donde por medio de una consulta la ciudadanía rechazó la instalación de una planta cervecera.
Los mecanismos de democracia directa se pueden dividir en aquellos que se impulsan «desde arriba» (por el presidente o las cámaras de representantes) o «desde abajo» (por el pueblo). Muchas veces, cuando son aplicados «desde arriba», existe el riesgo de que se quiera abusar de estos mecanismos para no tener que procesar las decisiones a través de la ruta institucional establecida o para modificar leyes en congresos donde no tiene mayoría el ejecutivo, así como para hacer avanzar agendas retrogradas en relación a los derechos humanos. Sin embargo, en el proceso de la consulta para enjuiciar a los expresidentes se produjo un fenómeno muy particular, ya que la iniciativa «amplia» fue impulsada tanto por la ciudadanía como por el Gobierno Federal; y si bien fue la propuesta del presidente la que se terminó por impulsar en el Congreso, ésta tenía en lo sustancial el mismo objetivo y contenido que la promovida por la ciudadanía. Es por eso que el argumento que señala que esta agenda es una maniobra de manipulación política queda muy debilitado, ya que existe un grupo de más de dos millones de personas que la impulsó. Afirmar que es un ejercicio de manipulación es desconocer que el pueblo tiene la capacidad y el derecho de exigir estos mecanismos; y es justo esa capacidad y ese derecho lo que está en juego en la presente consulta, además no hay que olvidar que es gracias a ello que instituciones como el INE se vieron obligadas a aceptar su realización, aunque no sin antes mermar las condiciones necesarias para su éxito.
Sobre la crítica de que la presente consulta polariza al país, ésta es claramente una falacia. En las democracias las decisiones políticas se toman mediante mecanismos que no sólo permiten declarar victoriosa a una posición sobre otras, sino que también dotan de legitimidad a los procesos y las decisiones que a través de ellos se impulsan. Decir que una consulta popular polariza al país es no entender que la ciudadanía tiene mayoría de edad, que es capaz de establecer criterios propios sobre la realidad que percibe, pronunciarse sobre ella y llevar a cabo acciones concretas. Más polarizan, realmente, las posiciones que responsabilizan de esta consulta a un actor político, al tiempo que desconocen la voluntad de millones de personas.
Pero quizá la crítica más fuerte hacia la consulta, que posee cierto sustento, es aquella que afirma que «la justicia no debe consultarse, sino aplicarse». Esto es cierto como afirmación individualizada y sin contexto; nadie en su sano juicio la desestimaría. El problema viene cuando la contextualizamos, pues es ahí cuando se fractura como argumento. Los expresidentes son sujetos «especiales» en nuestro sistema político, ya que dominan y ejercen influencia sobre distintas instituciones y poderes, entre los cuales uno fundamental es el poder judicial, el cual no está constituido democráticamente, por voto popular, y está en cambio configurado como un coto de poder que se organiza en torno a procesos institucionales y administrativos en donde los actores políticos insertan sus agendas personales y de grupo, garantizando con ello impunidad. De este modo, por un lado, la coacción que ejercen actores políticos sobre el poder judicial, y por otro, la corrupción que al interior de éste existe, han tenido como resultado que los grandes delincuentes de cuello blanco no sean procesados. Éste es el verdadero contexto de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y actores políticos asociados a la corrupción durante el régimen neoliberal en el país. Es en este escenario que tiene sentido la existencia de una consulta popular capaz de mandar un mensaje fuerte y legitimo al poder judicial con el fin de que lleve a cabo lo que hace décadas debió haber hecho: castigar la corrupción.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es sorprendente que los detractores de la consulta poco tengan que decir del poder judicial, que es en buena medida el responsable de la impunidad gracias a que ha aplicado la justicia de manera selectiva. Sin embargo, el hecho de que la consulta popular busque hacer justicia y castigar a los expresidentes y delincuentes de cuello blanco es sólo la punta del iceberg, ya que en el fondo lo que se está desarrollando es un proceso de conciencia social más amplio que debe pasar por el reconocimiento de que la corrupción y la impunidad en este país se asocian a cuestiones estructurales y sistémicas, tales como la vinculación entre el poder político y poder económico, el desplazamiento de la categoría de pueblo, la debilidad y cooptación de las instituciones para atender intereses personales y la producción de desigualdad económica y de derechos, así como un proceso amplio de privatización que desmantela un Estado social de derecho para beneficiar a grupos políticos y empresariales. Y aunque sobre todo esto también es necesario reflexionar, lo haremos en otra oportunidad.
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