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Sector eléctrico

soberanía

Cuarta Transformación

Estado y energía. La recuperación del sector eléctrico

por José Manuel Guadarrama Santillán    Noviembre 8 de 2021

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En el hilo argumentativo de la primera entrega, recordamos cómo el Estado mexicano sufrió transformaciones en sus fundamentos constitucionales que le llevaron a perder paulatinamente la rectoría del sector energético; se constató, además, la estrategia de desmantelamiento de las empresas públicas del sector para dar paso a la construcción de un mercado abierto favorable al capital financiero global. En la presente entrega, a partir de la propuesta de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tratará de profundizar sobre la importancia de recuperar la rectoría del sector energético desde una perspectiva de clase, es decir, por qué como clases populares resulta imperativo, en el momento histórico que atravesamos, la organización popular para consolidar la reforma energética propuesta por el presidente.

Frente a la Reforma energética de 2013 (que logró consolidar la apertura del sector energético nacional), la actual propuesta de reforma al artículo 25 constitucional se encamina a recuperar la rectoría en la generación de energía eléctrica, pues dispone en los artículos transitorios que la CFE será el organismo encargado del sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control, además de estar a cargo de los procesos necesarios para la transición energética. Desde este enfoque, el Estado se presenta como garante de una transición ordenada hacia la generación de energía por fuentes limpias y renovables, todo acorde a las necesidades de las grandes mayorías. Así, el sector eléctrico, como área estratégica, quedaría garantizado en la reforma al artículo 27 constitucional, lo anterior como declaración decidida de la transformación del Estado mexicano con un sentido popular y como garante de los derechos de las grandes mayorías.

Siguiendo la lógica de la transformación del Estado, con la actual reforma de la 4T se propone la modificación de la CFE en sus fundamentos constitucionales, al pasar de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado, esto es, se recupera como la cabeza del desarrollo sectorial eléctrico en toda la cadena de valor en tanto se constituiría nuevamente como una sola empresa con vinculación estratégica en la generación, distribución, transmisión y comercialización. Además, se dispone la creación de subsidiarias como CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, CFE Energía, CFE internacional y CFE Capital, que tendrían el propósito de coadyuvar en las operaciones de CFE, así como profundizar los procesos de construcción de un Estado de bienestar garante de derechos sociales.

En este mismo sentido, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) pasaría nuevamente a formar parte de la CFE, elemento valiosísimo toda vez que en la Reforma energética de 2013 se le brindaban herramientas institucionales para la gestión del sector eléctrico en beneficio del sector privado.  La recuperación del control del sector permitirá cambiar el despacho de electricidad en donde se dará prioridad a la generación de plantas hidroeléctricas, seguida de la nuclear, geotérmica, eólica, solar y finalmente el carbón. El Estado, entonces, queda a cargo de la transición energética con la garantía de poder utilizar los recursos que dispone con el propósito de reducir emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Sobre este último punto, la oposición nacional e internacional ha declarado que la reforma atenta contra las energías limpias y renovables en beneficio de la generación a través del carbón, al respecto hay que decir que en la matriz energética de México, según el Global electricity review 2021, Perfil G 20, sólo el 4% de la electricidad se produce por medio del carbón. Más aún, tanto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, como 40 senadores republicanos, llegaron a externar su preocupación con la reforma propuesta por el presidente AMLO en tanto, según ellos, atenta contra los compromisos asumidos por el gobierno mexicano para reducir sus emisiones de carbono. Al respecto compartimos algunos datos que ayudan a dilucidar el tamaño de

las responsabilidades en la reducción de emisiones de carbono a nivel global:

 

Fuente: Global Carbon Atlas;  http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions Datos anualizados para el 2020

 

Como es posible apreciar, las recomendaciones y preocupaciones manifestadas por congresistas estadunidenses y el embajador Salazar, parecen estar mal enfocadas. Si EUA redujera al menos un 10% de sus emisiones de carbono, excederían el beneficio como resultado frente a un escenario en donde México redujera sus emisiones en un 100%. Lo anterior no pretende minimizar los esfuerzos que cada país alrededor del mundo debe seguir para el esfuerzo colectivo de descarbonizar la economía global, sin embargo, es posible apreciar que los embates mediáticos del vecino del norte se encaminan más a cubrir intereses comerciales que a una preocupación real por la naturaleza.

Cuando se revisan las series temporales se aprecia que la responsabilidad de financiar y empujar programas para combatir el cambio climático, en un deber ser, tendría que venir de los países industrializados en tanto son los responsables principales de la debacle ambiental global. Queda claro que los discursos ambientalistas que esgrimen en contra de la propuesta de reforma del presidente de México no son más que discursos huecos que encubren intereses privados.

 

Fuente: Global Carbon Atlas:  http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions

 

El gobierno mexicano debe garantizar la transición hacia la generación de energía a través de fuentes limpias y renovables, sin embargo, tiene que hacerlo acorde a sus necesidades, capacidades y recursos, teniendo en todo momento el objetivo de salvaguardar el bienestar de las mayorías e implementando proyectos que garanticen la seguridad energética necesaria y suficiente para impulsar el proyecto de desarrollo económico —de adentro hacia afuera— que propone la Cuarta Transformación, esto es, el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales.

Para lograr lo anterior la reforma busca recuperar la rectoría del sector bajo un esquema de participación en donde CFE genere como mínimo el 54% de la electricidad y el restante 46% el sector privado. Recientemente, la secretaria de energía, Rocío Nahle, en conferencia matutina del presidente AMLO, ha explicado que la CFE actualmente tiene 191 centrales de generación de energía, pero sólo opera al 55% de su capacidad; de éstas 69 son energías limpias. En contraparte, en el 2020 la CFE tuvo que comprar 90 teravatio/hora en el mercado eléctrico por 223,000 millones de pesos, consecuencia directa de tener el 45% de sus plantas fuera de operación, subutilizadas.

Si se parte del supuesto de que el acceso a la energía es indispensable para una vida digna, se sigue que es imposible dejar que el mercado establezca las bases necesarias para garantizar el acceso a la misma como un derecho. En este sentido, la reforma no parte de una idea simplista de expropiación a privados, sino que se inscribe dentro de la necesidad de garantizar, a precios razonables, el acceso a la energía a toda la población, además de garantizar el abasto para toda la base productiva nacional que soporte las prospectivas de desarrollo económico necesarias para acabar con la pobreza y la marginación. A lo anterior, es importante agregar que el sector energético es un tema de vital importancia para la seguridad nacional, baste recordar lo que pasó en Estados Unidos y el norte de México en el mes de febrero del presenta año, en el que un incremento en los precios de los combustibles derivó en la reducción de generación de energía eléctrica por parte de privados y en donde la CFE tuvo que garantizar, como empresa pública, la satisfacción de la demanda de energía, llevándola a asumir los costos de la emergencia; ejemplo claro y reciente de que el mercado actuará siempre en función de la rentabilidad del capital y no en beneficio de las grandes mayorías. Para otro ejemplo véase el caso reciente de España y las dificultades que enfrenta su población por el diseño mercantil de su sector energético.

Ante la propuesta de recuperación del sector energético por parte del Estado, la oposición política nacional, así como representantes del sector financiero nacional y global, recurren al viejo y gastado argumento de la supuesta ineficiencia, casi natural, del Estado, frente a las grandes capacidades de gestión del sector privado. Por ser un argumento ya pregonado con fuerza desde hace 40 años se ha escrito mucho al respecto; desde aquellas reformas de primera generación de lo que se popularizó como el new public management, se trató de minimizar al Estado al tiempo que se buscaba transformarlo de tal manera que incorporara esquemas de gestión de corte empresarial. En América Latina dichas teorías entraron con fuerza ante la debilidad de los Estados después de la crisis de la deuda de los años ochenta, no obstante, el tiempo se ha encargado de desmontar dichos esquemas teóricos importados, pues ni el mercado ni un Estado de corte corporativo han podido resolver los grandes problemas de la región, antes bien, los han exacerbado.

Ante el rotundo fracaso del modelo neoliberal surgen nuevas propuestas, entre ellas, la recuperación de un Estado de bienestar. Sin embargo, y esto es importante tenerlo presente en el debate público, no se habla de un Estado de bienestar como se teorizó en el siglo XX en occidente y que en América Latina sólo alcanzó a cubrir a una minoría de la clase trabajadora; se trata de recuperar lo público y los sectores estratégicos de la economía nacional que permitan fomentar un crecimiento económico con inclusión y sin una base de endeudamiento, es decir, se quiere formar un Estado de bienestar que alcance a cubrir las necesidades básicas y a garantizar los derechos sociales de todos los ciudadanos mexicanos, pero no se propone el recurso del endeudamiento externo. Para ello resulta indispensable contar (además de con una reforma fiscal) con las bases nacionales productivas para garantizar los recursos financieros y materiales necesarios para consolidar un Estado de bienestar; es aquí donde radica la importancia de la reforma energética que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Frente a ella, otro argumento esgrimido desde la derecha ha sido colocar la corrupción como un problema inherente a la administración pública. Pero nuevamente vemos que en el sector privado las cosas no son muy distintas, por lo que la corrupción pasa a ser no un tema de lo público sino un síntoma de la degradación social que evidentemente se refleja con mayor fuerza en la vida pública. Por lo anterior, para el proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública el combate a la corrupción, en todas sus formas, es un pilar fundamental para la consolidación de un Estado de bienestar. La lucha por la recuperación del sector energético pasa entonces inevitablemente por el combate a ésta con el fin de hacer efectivo el propósito de recuperar las capacidades productivas nacionales, orientadas al bienestar de las mayorías y no a la acumulación irracional del capital y de unos cuantos. Este combate a la corrupción debe llevar también a salvaguardar el sentido popular de las instituciones y los sectores económicos en donde interviene el Estado; de ello depende que, como clases populares, contemos con los recursos materiales y financieros para poder transformar al Estado en un garante de derechos, no sólo individuales sino, además, y del mismo peso, derechos sociales. Transformar el Estado en sus fundamentos es entonces la tarea ineludible de nuestro tiempo, pues la organización popular para apoyar la reforma energética es indispensable para empujar la transformación, pero es también un mensaje de consciencia social y popular.


Con el pueblo todo, sin el pueblo nada

Benito Juárez

santillan.josemanuel68@gmail.com

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