La revocación de mandato. De la democracia de élites al poder popular

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por Jorge Ivan Puma[1]    Abril 7 de 2022

[1] Maestro en Historia por la Universidad de Notre Dame, Indiana.


Pocos temas han despertado el encono contra la Cuarta Transformación como la revocación de mandato, al grado que quienes debieran fungir como árbitros y defensores de la democracia en México han optado por hipotecar el prestigio de su institución en un intento de detenerla. Esa reacción se explica porque la revocación de mandato encapsula el sentido revolucionario del voto popular y por ello temen la irrupción del pueblo en la vida pública, al cual pretendieron ahogar en la cuna. El presente texto es un desafío a quienes con argumentos de todo tipo buscan desincentivar la participación política de millones de mexicanos y mantener a la política como el coto exclusivo de políticos profesionales y de los grandes intereses económicos. Para ello explicaré los fundamentos del ejercicio en el programa político de la Cuarta Transformación, su materialización en una reforma constitucional y una nueva ley federal de revocación de mandato, así como su pertinencia política como expresión de la soberanía popular. A través de este texto, el militante de Morena podrá familiarizarse con algunos de los argumentos en contra de la revocación de mandato, así como con posibles contraargumentos para defenderla. Por último, explicaré cómo este instrumento de participación ciudadana es uno de los cimientos de la transformación de la vida política en México, una de las grandes apuestas de la 4T.

De la ética política a la transformación del derecho

La Cuarta Transformación representa el esfuerzo de millones de mexicanos por regenerar la vida pública del país e intervenir directamente en el proceso de moldear instituciones y procesos políticos. Es en ese sentido que la revocación de mandato se ha convertido en una de las grandes herencias del sexenio del presidente López Obrador. Frente a la oposición constante de quienes se beneficiaron en el pasado del contubernio de instituciones políticas y poderes económicos o de quienes quieren mantener a las instituciones de la república alejadas de los ciudadanos, la Cuarta Transformación ha introducido un nuevo freno al poder presidencial al sujetar el mandato presidencial a un ejercicio de revocación por pérdida de confianza.

Pero esto no se trata de una ocurrencia o mero cálculo político coyuntural, sino de una propuesta que ha estado presente desde los orígenes del Movimiento de Regeneración Nacional. Recordemos que la declaración de principios de Morena sostiene que la política no es un asunto sólo de los políticos, mientras en su programa se aboga firmemente «por mayor participación del pueblo en la toma de decisiones, a través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular y otras formas de participación republicana» (Punto 3 del Programa del Movimiento Regeneración Nacional). Por otro lado, la Guía ética para la transformación de México, en su apartado 15, cuando habla sobre la autoridad del poder, recuerda a los mexicanos que «mantener una actitud participativa, crítica y vigilante sobre tus gobernantes es la esencia de la democracia y la mejor manera de preservar la libertad, el bienestar y la paz. No olvides nunca que el pueblo manda y que tiene el derecho de poner y quitar a sus gobernantes, así como de tomar parte en los asuntos públicos». Es sobre esta base que en 2019 se introdujo y aprobó una iniciativa para modificar la constitución y crear el sustento para un nuevo ejercicio de poder popular.

Ahora bien, el actual proceso de revocación del mandato del titular de la presidencia de la república por pérdida de confianza es un instrumento de participación ciudadana organizado por el Instituto Nacional Electoral a partir de una solicitud masiva de los ciudadanos (tres por ciento del padrón electoral en por lo menos diecisiete entidades federativas). Establecida como un derecho ciudadano de rango constitucional (fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), la revocación de mandato puede solicitarse por una única ocasión a los tres meses de la conclusión del tercer año de ejercicio de gobierno del titular del poder ejecutivo. Sólo los ciudadanos, no los partidos políticos ni los miembros de los órganos de gobierno, pueden ejercer este derecho. Además, la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley Federal de Revocación de mandato ha hecho de su promoción en radio y televisión una prerrogativa exclusiva del Instituto Nacional Electoral, limitando la participación de los partidos políticos en cualquier tipo de propaganda o promoción, ya sea para incentivar la participación en el proceso como en la orientación del voto. Aun así, los ciudadanos pueden organizarse para promocionar el ejercicio con la restricción de hacerlo sin utilizar fondos públicos o contratar espacios en radio o televisión. Como ciudadanos es nuestro derecho participar, pero como militantes estamos obligados a hacerlo fuera de los espacios del partido y sin recurrir a los recursos derivados de las prerrogativas económicas de nuestra organización política. Cabe mencionar, también, que los resultados del ejercicio sólo serán vinculantes si hay una participación de por lo menos el cuarenta por ciento del padrón electoral, poco más de 38 millones de votantes.

La revocación de mandato 2022: ¿una paradoja?

La iniciativa de introducir en nuestro sistema político esta herramienta de democracia directa se convirtió en una de las banderas de Morena luego de pasar por la experiencia amarga de los últimos tres sexenios. De Fox a Peña Nieto la crisis de legitimidad de todos los titulares del ejecutivo pudo haberse solucionado si la población hubiera tenido la opción de terminar anticipadamente su mandato. Ni la guerra contra el narcotráfico ni la implementación de las reformas estructurales dañinas para el país hubieran ido muy lejos. Irónicamente, son aquellos que buscan contrapesos al poder presidencial fuera de nuestras fronteras o de nuestro marco constitucional los que más temen al ejercicio de la voluntad popular al momento de juzgar si un presidente debe o no continuar en funciones. Nunca tuvieron el menor resquemor al pactar en la cúpula, pero someterse al escrutinio de las urnas para refrendar el apoyo de la población no está en su horizonte.

Al ser ésta una demanda histórica de Morena, y ante un escenario político en el que la oposición no ha logrado hacer mella de la aprobación del presidente la república, en 2021 se dio la aparente paradoja de que la demanda de iniciar la consulta provino de aquellos a favor de la continuidad del actual titular del ejecutivo. Durante meses se atacó la consulta porque algunos de sus promotores la calificaron de referéndum ratificatorio. Consejeros del INE, partidos de oposición en el Congreso, comentaristas de televisión e intelectuales del antiguo régimen se negaron a escuchar a quienes veían en este ejercicio un momento de formación política y una oportunidad de inaugurar una manera diferente de hacer política. Pero el grado de aprobación del ejercicio fue tal, que en lugar de las 2.8 millones firmas necesarias se entregaron 11 millones. El escrutinio de dichas firmas fue brutal y la descalificación no se detuvo, pero ante la avalancha de pronunciamientos a favor de comenzar el proceso las autoridades electorales debieron convocar al ejercicio, no sin antes intentar retrasar o posponerlo por falta de recursos. En la desesperación de atender una demanda popular que no responde a su limitada concepción de democracia, y al contrario de las quejas frente a los anteriores ejercicios de consulta popular donde se reprochaba que no fueran organizadas por el órgano autónomo electoral, el INE pretendió ir más allá de sus facultades. Sin embargo, el mandato popular y la interpretación constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación forzó al INE a llamar a las urnas para el 10 de abril de 2022, con el fin de llevar a cabo el primer ejercicio de revocación de mandato en México.

La revocación de mandato y sus malquerientes

La argumentación contra la consulta parte de temas coyunturales, como el costo de una nueva elección o el contexto político inaugurado por la elección de 2018. Sin embargo, quienes sostienen esas objeciones no suelen ir más allá del momento político específico y renuncian de antemano a participar en la deliberación democrática que implica poner en cuestión la permanencia del ejecutivo. Eso sin tomar en cuenta que fue el temor de ver «al presidente en la boleta» durante las elecciones de 2021, lo que generó los problemas que ahora aducen como objeciones. Estos opositores no son lo suficientemente honestos para expresar de entrada su desacuerdo con la idea misma de la democracia, pero entre sus filas hay quienes dejan de lado lo coyuntural y defienden como principio la «estabilidad» del sistema político. Despojados de todo disfraz democrático (pues lo importante es mantener a los ciudadanos fuera del juego político, evitando que crean que su voto realmente cuenta), el viejo miedo liberal del abuso de poder toma la forma del temor ante la posibilidad de que el mecanismo de revocación de mandato ponga al presidente en campaña permanente.

Con una argumentación semejante, sin embargo, se borran de un plumazo los intereses, razones y deseos de millones de ciudadanos que con su firma hicieron posible la convocatoria al ejercicio. Se invisibiliza también el tortuoso camino hacia un sistema de elecciones competitivas al sembrar la duda sobre los electores, ahora sólo considerados como una masa inerme y manipulable. Estos falsos amigos de la democracia mexicana han convertido a instituciones como el Instituto Federal Electoral, ahora INE, en el actor principal de la democracia en lugar de los propios electores. La ironía es que quienes llevan tres años denunciando un supuesto «retroceso autoritario» son incapaces de tomar en serio a sus conciudadanos y sólo tienen ojos para la figura presidencial.

El «culto a la personalidad» que habita en la imaginación de los opositores a la consulta y a la Cuarta Transformación responde a una concepción de la democracia representativa donde los ciudadanos tienen poco que decir. El temor a las mayorías hace que en su imaginario el proceso histórico de la democratización sea un relato de negociaciones entre élites y creación de «instituciones», donde los momentos de protesta popular sólo figuran como escenografía o ruido, horda iracunda o manifestantes acarreados. Incluso, ahora que la revocación de mandato se ha incorporado a nuestro sistema jurídico y los ciudadanos la han echado a andar, la respuesta de un sector amplio de los juristas del antiguo régimen ha sido un grito de terror ante la audacia de que el pueblo se tome en serio la democracia. Ésa es la miopía y mala fe de las élites, para quienes el hecho de que los ciudadanos decidan usar para sus propios fines el derecho es «desnaturalizar» la revocación de mandato como fue diseñada por un etéreo «constituyente permanente». Y, sin embargo, más allá del lenguaje técnico del derecho, la «naturaleza» de una institución o proceso jurídico sólo tiene el sentido que la voluntad popular le otorgue, es decir, aquello que nosotros como ciudadanos determinemos: el derecho es del pueblo, no de sus pretendidos guardianes ni una reliquia en los libros.

Ahora bien, estos opositores han fracasado en sus intentos de lograr una mayoría capaz de cuestionar el proceso de transformación, pero conservan espacios de poder en los medios de comunicación tradicionales y un fuerte respaldo económico de quienes han visto afectados sus intereses por la lucha por recuperar la soberanía nacional. De ahí que su crítica estridente y lastimera se repita una y otra vez en revistas, periódicos y programas de televisión, pero nunca en las urnas o en las calles, donde encontrarán otros datos muy distintos a su visión del mundo. Esa es la nueva esfera pública republicana que la Cuarta Transformación busca erigir como contrapoder y defensa de la nación.

La revocación de mandato como «asedio democrático» al poder político

Morena surge como una expresión política que intenta recuperar la democracia para los ciudadanos organizados y trascender las dudas sobre la legitimidad inicial de los titulares del poder ejecutivo. En otras palabras, acabar de una buena vez con el fraude electoral y los contubernios entre el poder político y el poder económico. Por eso el Movimiento de Regeneración Nacional reconoce que no basta con la participación en el sistema político y ocupar cargos, pues el sistema político tiende a divorciarse de los intereses de los ciudadanos y seguir una lógica propia. Morena sostiene que la lucha por transformar las instituciones dentro del sistema político debe complementarse con un asedio permanente de la ciudadanía al poder constituido. Sin embargo, lejos de tratarse de una contraposición entre una «sociedad civil» y un «Estado», donde la primera sea un sinónimo de intereses oligárquicos disfrazados de medios independientes u organizaciones no gubernamentales y el segundo una mítica presidencia imperial, estamos hablando de cómo el pueblo (ciudadanos de a pie, comunidades indígenas, intelectuales comprometidos, medios independientes, etc.) toma la palabra y cuestiona la permanencia y pertinencia misma de las «instituciones» y sus titulares. Este cerco del sistema político desde las periferias es a lo que la revocación de mandato da cauce legal.

Hasta ahora, un asedio tal sólo podía manifestarse cada tres años en las elecciones o de forma cotidiana en la protesta callejera y la deliberación pública, pero desde 2021 los ciudadanos tienen la opción de expresar su desacuerdo con el rumbo del gobierno y parar en seco su trayectoria cuando le han perdido la confianza. En eso consiste el acierto del proceso revocatorio. Porque si bien la protesta social ha permitido visibilizar movimientos sociales y sus demandas, logrando en algunos casos detener medidas anti-populares o cuestionar «verdades históricas», su potencial disruptivo durante el periodo neoliberal, incluyendo la llamada transición, fue siempre limitado. En cambio, en un acto de pedagogía política (incomprensible para quienes ven la política como una actividad de elites que se ve por televisión como un reality), la promoción de la revocación de mandato implica el involucramiento de millones de mexicanos en redes sociales, la prensa y las conversaciones entre vecinos, amigo y familiares. Formarse una opinión sobre la labor del presidente y tomar una decisión no es otra cosa que asumir como propio un proyecto de país y nación democrática, un acto de civismo maduro. Al final de cuentas, la revocación de mandato refuerza uno de los principios constitucionales fundamentales de nuestro sistema político: que el poder deriva de la voluntad popular y que el pueblo tiene el derecho inalienable de controlar a su gobierno.

Del gobierno de expertos al poder popular

Durante el periodo neoliberal se impuso un consenso que bajo el manto de un supuesto saber científico transformó lo público en dominio de técnicos y expertos. Constantemente se utilizaban metáforas donde los ciudadanos eran pacientes y los gobernantes médicos. Por lo tanto, la respuesta frente a los problemas económicos era la receta amarga prescrita por quien sabía: más mercado y menos Estado; y por nuestro bien el dolor del remedio tendría que aceptarse sin reparar en costos o efectos secundarios, sobre todo porque la enfermedad era producto del exceso de intervención política y había que evitar a toda costa que opiniones «no técnicas» influyeran en la corrección del rumbo. Este tipo de «sentido común» se extendió entre la ciudadanía con el beneplácito de la cúpula empresarial y sus aliados en el Estado, mientras el proceso de democratización avanzaba.

Lo que este tipo de relato olvida es que la intervención política a la que hace referencia era la de un gobierno sin asidero democrático y que los expertos que propusieron un modelo distinto nunca tuvieron en mente llamar a cuentas a los decisores, sino servir a un modelo político y económico a favor de una élite minúscula. El pretexto de que eso generaría crecimiento y eventualmente aumentaría «el pastel» para el resto, nunca pasó de ser una promesa para calmar sus conciencias.

Y sin embargo, la idea de que la ciencia debe estar al servicio del pueblo siempre ha estado presente en nuestro país, por lo menos desde la Revolución de 1910. Incluso durante la hegemonía de la tecnocracia, voces dentro de la academia y en las movilizaciones en defensa de la educación pública cuestionaron estas medidas y su tenue barniz modernizador. Después de todo, la democracia no se trata sólo de elecciones e instituciones, sino del poder del pueblo. Un poder popular que desde los años setenta había estado presente en germen en las colonias de las periferias de las ciudades, en las luchas por la democracia sindical y en el movimiento campesino que luchaba por su independencia del control corporativo. Fueron en esos espacios que una democracia plebeya, asamblearia y directa forjó generaciones de ciudadanos que aprendieron a cuestionar, deliberar y actuar conforme a lo acordado en presencia de sus camaradas y vecinos. Esta manera de vivir la democracia como poder popular por momentos coincidió con la conquista de espacios electorales por una izquierda que salía de la clandestinidad. En otros se alejó, pues muchos de sus practicantes despreciaban como «electoralismo» esa frágil apuesta por las instituciones y prefirieron anclarse en las demandas particulares de cada movimiento. Pero a la distancia puede apreciarse que esa democracia desde abajo y en los márgenes de la institucionalidad funcionó por años como un necesario correctivo a la tendencia de ciertas élites partidarias de olvidarse del horizonte utópico de la lucha democrática.

La revocación de mandato materializa la convergencia de lucha electoral y poder popular en un marco constitucional y legal y obliga al sistema político a obedecer la voluntad ciudadana sin filtros ni pretextos. Mientras unos ven incertidumbre y autoritarismo, pues nunca han tenido confianza en el pueblo, la militancia de Morena, como ciudadanos organizados, abrazan los ejercicios de consulta popular como una parte integral de nuestra democracia. Toca entonces participar en la educación política de nuestros compatriotas y sus deliberaciones alrededor de este ejercicio, sin membrete ni recursos, lejos de los medios tradicionales, en las plazas y las redes sociales, pero con el conocimiento y los argumentos para sostener nuestro programa. Oír, comprender, atender y encauzar las demandas populares permitirá que la participación de militantes y simpatizantes transformen el ejercicio de consulta en una oportunidad de refrendar las ligas entre el movimiento y la nación.

Las bases de la Cuarta Transformación y la revocación de mandato

La historia política reciente de nuestro país muestra que los mecanismos de control constitucional tradicionales frente a los abusos del poder poco o nada han conseguido frente a la captura de instituciones por intereses corruptos o su manipulación para frenar las expresiones de malestar popular. En casos como el proceso de desafuero de 2004, la colusión entre el poder ejecutivo federal y ciertos ministros de la Corte sólo lograron detenerse con la protesta masiva. En otros, como el intento de desafuero del gobernador panista de Tamaulipas en 2021, las lagunas jurídicas y los intereses políticos de una mayoría de legisladores locales han obstruido el ejercicio de la justicia a pesar de la existencia de pruebas suficientes. Quienes ahora reclaman la defensa del «Estado de derecho» para oponerse a la revocación de mandato olvidan convenientemente estos precedentes. De ahí que un mecanismo como la revocación de mandato sea un potente correctivo a este déficit democrático. Ahora los ciudadanos pueden superar los obstáculos que a nivel federal convertían al presidente en una figura inatacable e irresponsable.

A final de cuentas, la recuperación de la soberanía popular nos remite a la idea de una democracia deliberativa sujeta tanto a procedimientos de democracia representativa (elecciones de representantes populares y el presidente) como a ejercicios de democracia directa (consultas y revocación de mandato), todos ellos insertos en una activa esfera pública donde ciudadanos, políticos y comunidades expresen abiertamente sus opiniones, intereses, deseos y temores. Al contrario de los miedos de las élites, la Cuarta Transformación está muy lejos de un «pensamiento único» o mandato vertical, pues dejando de lado el tono contestatario y abierto, los procesos que fomenta han generado una aceleración de la discusión abierta a todos. Más allá del ejercicio democrático que tendrá lugar en 2022, la experiencia de una sociedad movilizada que se cuestiona a sí misma y a sus representantes dejará una enseñanza duradera sobre el sentido real de la soberanía popular y su faceta de democracia participativa, un verdadero signo de los tiempos de regeneración en que vivimos.

El gran error de los conservadores en el México contemporáneo es asumir que la Cuarta Transformación se reduce a la figura del líder del movimiento y actual presidente de la república. Les resulta inexplicable que millones de mexicanos asuman como propio el proyecto de regenerar la vida pública de México en lugar de abandonarse al día a día de lo cotidiano. En Morena, al contrario, se parte del principio de que los militantes deben seguirles la pista a las masas populares, encauzando sus luchas y demandas en la tarea de recuperar la soberanía nacional y mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

La consulta de revocación de mandato no es sino un paso más en la dirección correcta, la de abrir nuevos y mejores espacios de democracia directa. Por eso en este texto he propuesto una interpretación de este instrumento de participación ciudadana como un ejercicio de democracia deliberativa y una herramienta para llamar a cuentas, no solamente al presidente, sino a todo el sistema político. No es un instrumento perfecto y jamás lo será, tiene demasiados detractores y enemigos y es posible que en un futuro sea un arma que ellos mismos blandan contra el proceso de transformación de México. Queda entonces en manos de los ciudadanos mantener la revocación de mandato como parte del legado de la Cuarta Transformación.

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