¿Y si revisamos la utopía?
4T
Estado de bienestar
economía
neoliberalismo
por Alberto Pérez Schoelly Mayo 20 de 2022
I. Lo que tenemos ahora y lo que se quiere y puede hacer
Muchos de los analistas que provienen de la izquierda socialista del siglo pasado (dentro de los que me incluyo, cuando se trata de revisar el desarrollo y futuro de la economía de México a partir de estos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegan a conclusiones que nada tienen que ver con nuestra realidad presente. Sin embargo, nuestros análisis deben partir de la economía que heredó el gobierno de AMLO, para luego analizar hasta dónde es posible cambiarla y en qué dirección. Es importante no olvida que la economía es la infraestructura que impone dialécticamente la configuración de una sociedad, la cual tiene una superestructura social, política, ideológica e institucional que se interrelaciona con aquella.
El desastre de la economía neoliberal que heredó el gobierno del compañero AMLO es inmenso. Ya desde el primer texto que preparó con vistas a las elecciones de 2006 lo tenía perfectamente claro: «Por eso, más allá de los defectos estructurales del modelo neoliberal, el escaso crecimiento de la economía en el país debe localizarse en el mal manejo de la política económica y en la corrupción gubernamental».[1]
Para el neoliberalismo solamente puede existir el libre mercado y su autorregulación. Recordemos al principal teórico neoliberal, Friedrich A. Hayek, quien señalaba: «El debate entre el orden de mercado y el socialista es una cuestión que afecta, en definitiva, a la propia supervivencia de la especie humana. La asunción por la sociedad de las recomendaciones socialistas en materia ética implicaría la desaparición de gran parte de la población y la pauperización del resto».[2] Para Hayek, hay que escoger entre la sumisión a las fuerzas impersonales y en apariencia irracionales del mercado y la institución de un poder arbitrario totalitario al estilo soviético, el cual estableció una economía centralmente planificada y dirigida por el politburó.
Según esta concepción entre el plan y el mercado no hay una vía intermedia; esa es la idea más difundida hasta nuestros días. Éste es, inevitablemente, un dilema que se nos presenta cuando se trata de presentar una alternativa al «capitalismo salvaje neoliberal», y esto es lo que trata de hacer el gobierno de Andrés Manuel y su equipo: proponer una tercera vía. Su camino no es socialista, tampoco es anticapitalista, como puede verse en sus propuestas de campaña tanto de 2006 como de 2012 y finalmente las de 2018. Sin embargo, ¿qué posibilidades de éxito tiene esta «tercera vía»?
Lo que México requiere para salir del régimen neoliberal —señala la propuesta económica de AMLO desde entonces— es una nueva estrategia económica capaz de superar la problemática económica de corto plazo y, simultáneamente, reencauzar al país hacia un nuevo ciclo largo de desarrollo incluyente de las mayorías nacionales, sobre todo los sectores más desprotegidos y olvidados durante décadas. Esta estrategia económica, que hasta el momento ha sido sumamente pragmática, ha tenido que guardar un sensato equilibrio entre el Estado y el libre mercado, entre la protección y el libre cambio, entre el interés público y el interés privado, entre el empleo y la productividad, entre el bienestar social y la eficiencia económica.
Al parecer, el gobierno de AMLO ha tenido muy claros los instrumentos para implementar su política económica, que provienen de una motivación ética y moral del nuevo modelo económico que se centra en afianzar y asegurar el bienestar de los mexicanos, principalmente de los más desprotegidos. Hay una enorme diferencia con los regímenes anteriores: la alimentación, la salud, la educación y la vivienda ahora se señalan en la Constitución como derechos universales, y su materialización está consagrada a través de los programas sociales y su obligada inclusión presupuestal.
El Estado asume su responsabilidad ante estos derechos sociales como de interés público y la población los asume como responsabilidad colectiva. No es una política asistencialista, sino que se garantiza el acceso a diversas prestaciones sociales características del Estado de bienestar. En esta perspectiva, la lucha contra la pobreza se concibe no como un simple medio de reparar los daños sufridos por los excluidos de siempre, sino como un objetivo social y económico. Además, hay algunas otras propuestas que podrían instrumentarse en el mediano plazo: el seguro de desempleo nacional y la renta básica universal, por ejemplo.
Sin embargo, la cobija no es tan grande y no alcanza para todo. Es por eso que el Estado de bienestar de la 4T requiere para lograr sus más grandes objetivos, de cuantiosos recursos. Pero, ¿de dónde se pueden obtener? El gobierno ya eliminó las condonaciones fiscales y ha logrado que algunas grandes empresas paguen sus adeudos. Ha establecido una política de austeridad en el gobierno que ha sido a veces muy drástica y no siempre ha sido ejecutada por los mandos intermedios de la mejor manera. La lucha contra la corrupción, que ahora es frontal y decidida, también ha traído consigo ahorros presupuestales muy importantes.
Pero la creación del Estado de bienestar de la Cuarta Transformación requiere todavía un conjunto de reformas constitucionales aún más radicales que redefinan la función social del Estado y también un nuevo pacto fiscal para poder darle soporte a la inversión pública necesaria para implementar la política y los servicios de bienestar, mismos que vayan al fondo de una transformación económica y social. La baja carga fiscal en México es un problema que persiste. Hay estudios de expertos que indican que con sólo un poco más de progresividad en el ISR, elevando la tasa máxima al nivel promedio de la OCDE (43.4%), pueden conseguirse varios puntos del PIB en recaudación adicional. Desde luego, una mayor progresividad en el ISR no es el único aspecto que debería ser reformado. En México, los impuestos a la riqueza son extremadamente bajos y los que gravan a las grandes fortunas heredadas simplemente no existen. Éstos son, entre otros, aspectos que deben ser modificados para darle una mayor progresividad al sistema fiscal en su conjunto. Los retos de la política fiscal son: a) elevar la recaudación tributaria; b) reducir la desigualdad en la distribución del ingreso; y c) promover el crecimiento económico.[3] Por ello, es ineludible la instrumentación de una reforma fiscal progresiva en la segunda mitad del sexenio, pues con ello se impactarían a los estratos de muy altos ingresos y eso significarían entradas fiscales adicionales de 2% a 3% del PIB. Volviendo progresiva la carga tributaria pagarían más los que más tienen.
Es urgente modificar la estructura de rangos de los ingresos de las personas físicas contribuyentes al ISR, aumentando el número de rangos y elevando las tasas impositivas de los rangos superiores. También debería pensarse en la introducción de un impuesto sobre las grandes fortunas como el que introdujo en Francia el gobierno socialista de Mitterrand en 1982 (impuesto de solidaridad a la fortuna, fue llamado, y se derogó durante el gobierno de Chirac en 1987); e incluso, pensar en un impuesto especial a las grandes herencias (bursátiles, inmobiliarias y empresariales).
Los cambios que está imponiendo el nuevo modelo económico de la 4T están en su fase inicial. Los obstáculos que se tienen enfrente no son cualquier cosa: en primer lugar, está el puñado de multimillonarios mexicanos que, en su mayoría, han hecho sus grandes fortunas al amparo del tráfico de influencias y al aprovechamiento de la corrupción gubernamental. A este pequeñísimo grupo habrá que sumar esas familias que sin ser inmensamente ricas como los otros, forman parte del 10% más rico de la población mexicana. A todo ello se oponen también todos aquellos «líderes sindicales, los agrarios y los de todas las agrupaciones que forman la compleja red corporativa que finalmente el neoliberalismo imperante recicló pero no terminó».[4] Sin dejar de mencionar también a los demás opositores llamados por nuestro presidente «conservadores», quienes están en todo su derecho de oponerse y manifestar su descontento sin ser jamás reprimidos por el actual gobierno obradorista. Se entiende que estén desesperados, porque sus instrumentos electorales (el PRI, el PAN, el PRD y MC) están en bancarrota moral y política, aunque no económica.
En síntesis, si hubiera que definir el modelo económico alternativo de la 4T desde un enfoque de sus raíces teóricas, su clasificación sería la de un modelo neo-keynesiano que tiende a ser un Estado de Bienestar sui generis, por implementarse en un país subdesarrollado en un mundo globalizado y abierto totalmente al comercio internacional.
II. Lo que debería hacerse, pero ¿hasta dónde se puede?
El presidente AMLO ha señalado reiteradamente que el principal problema a resolver por la Cuarta Transformación es la corrupción. Una vez eliminado este tumor —se dice—, este lastre, la sociedad mexicana habrá resuelto el principal obstáculo que tiene para lograr el pleno desarrollo económico y social que requiere. Disiento de esta afirmación, con perdón de nuestro presidente. Indudablemente la eliminación (no su reducción o control) de la corrupción debe ser un objetivo fundamental de la Cuarta Transformación, sin esto no es posible transformar la vida pública del país. Pero, al proponernos la lucha contra el neoliberalismo hay que entender que éste es una fase del desarrollo capitalista también conocida como «capitalismo salvaje», y por tanto pertenecemos al modo de producción capitalista, con sus relaciones de producción establecidas, querámoslo reconocer o no.
El capitalismo salvaje o neoliberalismo, como dice Valenzuela Feijoo:
Si se examina con cuidado lo que sucede al interior de la clase capitalista y al interior de la clase obrera podemos ver que el neoliberalismo tiende a desestructurar a estas dos clases, sobre todo, a deteriorar, debilitar y descomponer a la burguesía industrial nacionalista y a la clase obrera productiva. El neoliberalismo no solamente castiga económicamente a estos sectores, también los descompone por dentro y, por lo mismo, socava fuertemente su capacidad para actuar como sujetos o agentes de un reordenamiento estructural.[5]
El gobierno de AMLO es semejante a otros gobiernos progresistas de Latinoamérica que han existido y que ahora viven una segunda ola a la que próximamente se sumará Lula da Silva en Brasil. Debemos aprender de sus experiencias. Los proyectos latinoamericanos progresistas han gobernado, al igual que en México, atrapados dentro del orden mundial de globalización, financiarización y desregulación. Lula lamentó ex post el haber estado obligado a firmar la famosa «carta ao Povo Brasileiro», donde se comprometía a respetar las condiciones macroeconómicas del neoliberalismo. Evo Morales, por su parte, se lamentó por quedar atrapado «como en un sándwich» entre los intereses del pueblo y los de los empresarios. La diferencia sustantiva es que todos esos gobiernos, contra viento y marea, promovieron elevar los niveles de vida de los pobres a través del aumento de gasto público, pero dentro del marco sistémico con la convicción de que es posible domesticar, o al menos frenar, la voracidad del capital. Para el análisis y cambio económico estructural esto no es nada; aunque sociopoliticamente es mucho.
De esas experiencias hermanas latinoamericanas debemos reflexionar y aprender: 1) A pesar de haber instituido políticas públicas para apoyar a los sectores más pobres de la población (Lula sacó a millones de personas de la pobreza, por ejemplo), a la vuelta del tiempo, en los procesos electorales, esas mismas poblaciones votaron en contra de los gobiernos que instrumentaron esas mismas políticas que las ayudaron (Argentina y Brasil). Por eso se deben crear estructuras gubernamentales que difundan masivamente cuál es el origen y el objetivo de esos apoyos; 2) en esos países (con la excepción de Venezuela y Bolivia) se careció de una organización popular para defender a esos gobiernos, trátese de organizaciones de ciudadanos, trabajadores o campesinos. La falta de un impulso institucional, gubernamental, dirigido a la organización y a la formación política fue una grave carencia. En Bolivia, esta misma organización popular, autogestionada, consciente y activa es la que permitió el regreso del gobierno socialista después del fallido golpe, ahora con el economista marxista Luis Alberto Arce Catacora al frente. Deben crearse desde el Gobierno estructuras masivas de formación política dirigidas al pueblo en su totalidad: trabajadores, campesinos, estudiantes y ejército, fundamentalmente; 3) el no rompimiento total con el marco económico neoliberal y sus paradigmas es un error muy grave. El respeto a sus dogmas principales: el banco central debe ser autónomo; el déficit gubernamental es malo per se; el endeudamiento del gobierno también es nefasto; es preferible mantener la estabilidad cambiaria que disminuir las tasas de interés, etc., lo único que provocan es que el neoliberalismo siga prevaleciendo. El respeto a esos dogmas, que hoy en día prevalecen en el sector económico y hacendario del gobierno, es un verdadero desastre. Deben romperse radicalmente, pues está demostrado que son incompatibles con una verdadera reestructuración económica y social.[6]
¿Hasta dónde se puede hacer todo esto? El gobierno del presidente AMLO ha sido muy conciliador con los sectores conservadores, y con mucha habilidad política ha ido logrando poco a poco acuerdos y consensos. Ante esto, es importante recordar aquella máxima que dice: «con el partido al gobierno, con el pueblo al poder». Ya despertamos, pero los poderes fácticos siguen estando ahí, como el dinosaurio en el Poemínimo de Efraín Huerta. Para poder avanzar —pues la Cuarta Transformación no puede ser sexenal— debemos concentrarnos en dos puntos fundamentales: por un lado, crear un verdadero poder popular basado en asambleas o comités territoriales que difundan y organicen las actividades de la Cuarta Transformación en cada barrio, en cada estado del país; por el otro, construir una verdadera contraloría social que vigile la aplicación y entrega de los apoyos sociales e imparta formación y capacitación política a los cuadros políticos y administrativos de la 4T. Por último, es indispensable terminar de realizar la separación del poder político con el económico, objetivo que muchas veces ha reiterado su importancia el presidente, pero que se encuentra a medio camino. Mientras la mafia del poder no desaparezca económicamente, la Cuarta Transformación no podrá avanzar. No se han acabado de limpiar las escaleras desde arriba: hay todavía muchos personeros y representantes del viejo régimen dentro del gobierno mismo.
No debemos olvidar nunca nuestra utopía: un mundo igualitario, justo y sin pobreza. Pero para lograrlo se necesita lograr primero una real «revolución de las conciencias» que vaya de la mano de una organización popular que defienda las conquistas y los avances de la revolución obradorista.
[1] Andrés Manuel López Obrador. Un Proyecto Alternativo de Nación. Grijalbo, México, 2004, p. 45.
[2] F.A. Hayek. La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo, vol.1, Obras Completas. Unión Editorial, Madrid, 1990, p. 35.
[3] Jaime Ros Bosch. ¿Cómo salir de la trampa de lento crecimiento y alta desigualdad?. El Colegio de México, México, 2015.
[4] Meyer, Lorenzo. “Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano”. Océano, México, 1995. Pp. 135-136.
[5] José Valenzuela Feijóo, ¿Capitalismo o socialismo? Problemas de la transición. Fondo de Cultura Económica, México, 2021, p. 362.
[6] Ver, por ejemplo, los ensayos de Arturo Huerta González, «¿Qué tan neoliberal es el gobierno de la 4T?» y Arturo Ortiz Wadgymar, «Qué tan anticapitalista es AMLO?», incluidos en Violeta Núñez Rodríguez (coord.). La Economía de la 4ª Transformación», Juan Pablos Editor, México 2021.
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