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Estados Unidos, la Suprema Corte y el aborto

Aborto

feminismos

Estados Unidos

por María Fernanda Minero y Perla Valero    Julio 26 de 2022

El pasado 24 de junio, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos reviró la histórica sentencia del caso Roe vs. Wade de 1973[1], que había convertido la interrupción voluntaria del embarazo en un servicio protegido por la Constitución bajo el derecho a la privacidad, aunque con limitantes en los estados. Un año antes, en 2021, ya se habían introducido casi 600 restricciones al aborto inducido y voluntario, de las cuales 106 terminaron por convirtirse en leyes estatales (Guttmacher Institute, 2021). El 2021 se recordará como el año donde se aprobaron más restricciones al derecho a decidir en los últimos 50 años en Estados Unidos, las cuales desembocaron en la decisión de la corte que acabamos de atestiguar.

Nos encontramos, sin duda, frente a un momento de avance de las ultraderechas y los neoconservadurismos que arremeten contra los derechos de las mujeres y personas disidentes de género, especialmente de aquellas que pertenecen a las clases trabajadoras, racializadas y migrantes, quienes son las verdaderas poblaciones afectadas por este tipo de medidas anti derechos. En ese orden de ideas, este texto esbozará algunas reflexiones sobre lo que significa la revocación de Roe vs. Wade frente a un contrapunteo sobre el avance del derecho a decidir en otros lugares del mundo, con especial énfasis en América Latina y el Caribe.

 

  1. No hay democracia sin autonomía sexual y reproductiva

El fallo de la Suprema Corte de 1973 fue un hito mundial para la autonomía sexual y la justicia reproductiva, y ha sido borrado de un plumazo tras casi 50 años de lucha y resistencia, en medio de un momento de gran impulso de las luchas feministas. Se trata, a todas luces, de un recordatorio de que el patriarcado puede encontrarse en decadencia, pero no ha muerto. Y es también una advertencia: el patriarcado capitalista encontrará formas de reactualizarse en el siglo XXI.

Las y los jueces que integran la Suprema Corte de Justicia que falló en contra de Roe vs. Wade y el derecho al aborto, se conformó por seis varones (cinco de ellos, blancos): Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts, Stephen Breyer, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, y tres mujeres: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Amy Coney Barrett. La mayoría de las y los jueces que conforman esta máxima instancia del poder judicial fueron nombrados por George W. Bush y Donald Trump. En términos políticos, seis asumen posturas conservadoras (incluida la juez Barrett), frente a tres de perfil progresista: las juezas Sotomayor y Kagan, y el juez Breyer, quien se ha retirado recién y será sustituido por la jueza afroamericana, Ketanji Brown Jackson, nominada por Joe Biden. Salta a la vista que ni siquiera dentro de la Suprema Corte existe la paridad de género ni una equidad en términos de la representación de la población negra, latina, nativa y disidente de género.

Las protestas, en favor y en contra del aborto inducido y voluntario no se han hecho esperar y han sucedido desde el mes de mayo, cuando se filtró en los medios el borrador de la revocación de la sentencia. Texas y otros doce estados de la unión americana ya tenían preparadas legislaciones para penalizar el aborto sin atenuantes antes del fallo de la Suprema Corte. Y se espera que otros cuatro estados, donde se incluyen Arizona y Florida, promuevan y promulguen leyes criminalizadoras del aborto en próximas fechas. Mientras que en el Distrito de Columbia y en los estados de Nueva Jersey y Vermont, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington, el aborto se mantendrá legal (BBC, 2022). Por su parte, el presidente Biden firmó un decreto el 8 de julio contra la criminalización del aborto que también busca proteger la distribución de píldoras abortivas y otros servicios de salud relacionados con la justicia reproductiva (Gutiérrez, 2022).

Paradójicamente, 6 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos apoyan la despenalización del aborto con pocas restricciones, según una encuesta realizada por el Pew Research Center (Hartig, 2022). En términos de la demanda de este servicio de salud, 1 de cada 4 personas se han sometido a la interrupción legal de un embarazo en la unión americana (Monge, 2021). Aunque la práctica del aborto seguro es una necesidad para las mujeres y personas gestantes, continúa dividiendo a la opinión pública, incluso al interior de los partidos demócrata y republicano. Dichas instituciones políticas tienen dentro de sus filas y en sus alianzas a partidarios y partidarias de grupos religiosos que constantemente cabildean en favor de medidas represoras de la libertad de las mujeres, las personas disidentes de género, los grupos racializados y las personas migrantes.

Los tentáculos de los grupos neoconservadores y anti derechos se extienden hasta la Suprema Corte de Justicia, lo cual allanó el camino de esta decisión. En términos políticos, el fallo contra la legalización del aborto se justificó como una supuesta medida «democrática» que devolvía a los estados su derecho a decidir sobre la libertad reproductiva de mujeres y personas gestantes. La pregunta que queda en el aire y que no se discutió públicamente es a quién le compete el derecho a decidir: a los cuerpos gestantes o al cuerpo de legisladores/as que deben representar a una comunidad política, pero que en los hechos no representan las necesidades de las mujeres y personas disidentes de género, sino a los intereses del capital y de sus personeros, quienes forman parte tanto de consejos empresariales como de instituciones eclesiásticas.

La autonomía corporal o el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos es un derecho humano. Sin él no existe la dignidad humana. Es el fundamento del derecho a decidir continuar o no con un embarazo, pero también de otras cuestiones vitales como la donación de órganos, la muerte digna y la afirmación de la identidad de género. La autonomía corporal de las personas —que no de los embriones y fetos, que todavía no son sujetos con autoconciencia— es básica para decidir sobre todas las intervenciones de salud, independientemente del sexo y el género. Negarle a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir si interrumpen o no un embarazo es un acto de discriminación, de violencia en razón de género y una violación a su autonomía corporal, sexual y reproductiva. El fallo de Roe vs. Wade de 1973 se sustentó precisamente en la idea de que interrumpir un embarazo era una decisión íntima de las mujeres que el Estado no debía obstaculizar. Es decir, era una cuestión de autonomía corporal y personal, pues la autonomía sexual y reproductiva es una condición básica para la verdadera emancipación de las mujeres y de las personas disidentes de género que habitan sociedades patriarcales como en la que vivimos.

La interrupción voluntaria del embarazo no es una cuestión religiosa o moral, sino de salud pública. Por lo tanto, es una obligación de los estados ofrecer dicho servicio para aquellas personas que decidan abortar. Su penalización y criminalización, así como la discriminación en su acceso, pone en riesgo una variedad de otros derechos humanos protegidos internacionalmente: el derecho a no sufrir discriminación, a la igualdad, a la vida, a la salud, a la información, a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la privacidad y la autonomía e integridad física, a decidir sobre número y espaciamiento de hijos, a la libertad, y a  la libertad de conciencia y religión (Human Rights Watch, 2022). Y esto es lo que sucederá en Estados Unidos.

La organización Planned Parenthood estima que 36 millones de mujeres y personas gestantes se verán afectadas por la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos (BBC, 2022). El impacto será especialmente grave para las trabajadoras, racializadas y migrantes, que no podrán acceder a anticonceptivos y a clínicas en los estados donde el aborto se mantedrá legal. Pues en un país donde la salud está grandemente privatizada, como ocurre en Estados Unidos, su acceso es un lujo y puede ser una sentencia de muerte. Las mujeres nativas, latinas y negras tienen tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas en Estados Unidos. Esta forma de violencia obstétrica es producto del sesgo racial y la discriminación que sufren a manos del personal de salud. Además de que en el país de la democracia y las «oportunidades», los apoyos para las madres trabajadoras dependen de las leyes estatales, de modo que millones de mujeres se ven obligadas a maternar en condiciones de precariedad, sin ningún tipo de seguridad social y sin licencia de maternidad pagada. Al día de hoy, Estados Unidos es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que ofrece licencias de maternidad y paternidad pero sin goce de sueldo[2].

El sueño americano nunca ha sido una realidad para las personas migrantes indocumentadas, que sostienen la economía de Estados Unidos y que serán quienes también sufran esta decisión de la corte. En Estados Unidos viven más de 50 millones de personas migrantes, de las cuales 51% son mujeres. Del total de la población migrante, la mayoría es de origen mexicano, sumando el 24% del total. 51% de las personas mexicanas que emigran a Estados Unidos son mujeres en edad reproductiva, muchas de ellas víctimas de abuso sexual durante su trayecto para cruzar la frontera. De manera que la penalización del aborto en estados como Texas y Arizona tras el fallo de la Supema Corte, vulnera aún más los derechos humanos de nuestras paisanas y hermanas migrantes, que son criminalizadas, explotadas y condenadas a ser madres en condiciones de extrema violencia, sin ningún apoyo del Estado y alejadas de sus familias y su comunidad.

 

  1. Penalización del aborto: una historia patriarcal, racista y anticomunista

Las leyes antiaborto no sólo son patriarcales, sino que en Estados Unidos tienen una historia de ser racistas y antimigrantes. Horatio Storer, médico y activista anti derechos activo a finales del siglo XIX y principios del XX, cabildeó en favor de criminalizar el aborto porque estaba convencido de que su práctica ponía en riesgo a la mayoría blanca en Estados Unidos: a los llamados WASP (White Anglo-Saxon Protestant o blancos protestantes anglosajones). Según Storer, si el aborto no se permitía, las mujeres blancas y protestantes mantendrían estable la tasa de natalidad de la población blanca frente al aumento de la inmigración. Su propuesta es un ejemplo clásico del patriarcado: el control de la vida sexual y reproductiva de las mujeres por parte de una élite y con fines de dominación y explotación. Después de formar un Comité sobre el Aborto Criminal dentro de la Asociación Médica Estadounidense (AMA), la presión política logró que la mayoría de los estados y territorios de la unión americana promulgaran legislaciones anti aborto para la década de 1880.

Si una cara del patriarcado es la prohibición del aborto que ha sido dirigido de manera preponderante —más no absolutamente— hacia las mujeres blancas, su otra cara es la esterilización forzada que se ha dirigio hacia las mujeres negras, latinas, nativas, migrantes, pobres y con discapacidad. Ambas constituyen las dos caras del patriarcado: el control de los cuerpos de las mujeres que viola la autonomía corporal, sexual y reproductiva.

Mientras la esclavitud legal existió en Estados Unidos, el Estado y los grandes plantadores no tuvieron inconveniente en fomentar la reproducción hasta forzada de las personas negras esclavizadas. Pero tras la abolición de la esclavitud en 1865 y con el boom de la inmigración masiva a partir de la década de 1870, las esterilizaciones forzadas se incrementaron, como una forma de controlar la tasa poblacional de la llamada migración «indeseable». En las primeras décadas del siglo XX, la Suprema Corte aprobó leyes estatales de esterilización obligatoria para personas con enfermedades mentales, transmisión sexual y de naturaleza social como el alcoholismo. Pero también para personas intersexuales y para mujeres pertenecientes a ciertos grupos étnicos «minoritarios» y a la población pobre y encarcelada. En el caso de las mujeres nativas, la esterilización forzada continuó siendo una práctica tristemente común hasta la década de 1970, y parece que continúa. En el 2020 una enfermera denunció la práctica de histerectomías forzadas realizadas a mujeres migrantes en un centro de detención en Georgia (Amnistía Internacional, 2020).

Bajo el contexto de la guerra fría y su combate contra el comunismo, el presidente Ronald Reagan, padre del neoliberalismo en Estados Unidos, se alió con Karol Wojtyla, nombre del papa polaco Juan Pablo II, para fortalecer la virulenta reacción que se orquestó en Estados Unidos y en el mundo tras la despenalización del aborto en 1973 con el caso Roe vs. Wade. Hasta ese momento, finales de los años 70, la Iglesia católica nunca se había preocupado por los abortos clandestinos, mientras que el derecho a decidir estaba garantizado en las repúblicas socialistas soviéticas y en algunas de sus aliadas, como Polonia, lugar de nacimiento del papa donde el aborto era legal, seguro y accesible hasta los años 80[3]. Wojtyla, que era un anticomunista convencido, asumió la lucha contra el aborto como parte de la cruzada contra el comunismo, impulsando la criminalización de esta práctica en el llamado «mundo libre» (Lamas, 2012).

Bajo su papado, Wojtyla extendió la idea del aborto como una «cultura de la muerte» e impulsó la restauración de la disciplina eclesial más ortodoxa, a través la Congregación para la Doctrina de la Fe, la versión moderna de la inquisición. Esta institución fue encabezada por su mano derecha, Joseph Ratzinger, quien se convertiría en el papa Benedicto XVI y sería uno de los mayores difusores del concepto  «ideología de género», para referirse al avance de la lucha de las mujeres, el feminismo y la diversidad sexual, como un supuesto embate contra los valores y la familia tradicionales.

En Estados Unidos, los intereses de la Iglesia católica se alinearon con los de activistas conservadores como Phyllis Schlafly[4], para quienes la legalización del aborto era vista como una amenaza a los valores tradicionales junto con el avance de los derechos LGBT+. Preocupados también por el aumento de los divorcios y de las mujeres que trabajan fuera de casa, estos grupos lograron sumar a su causa a las iglesias evangélicas, que habían mostrado un renovado interés en la política tras una serie de sentencias judiciales que limitaban la oración en lugares públicos. Con la victoria presidencial de Reagan, los grupos anti derechos sumaron a un poderoso aliado en la Casa Blanca. Para 1980, la Convención Bautista del Sur aprobó una resolución que se oponía al aborto, revirtiendo su posición anterior. Y para 1989, con el caso Webster vs. Reproductive Health Services, la Suprema Corte reconoció la constitucionalidad de una ley del estado de Missouri que ponía candados a la atención del aborto, abriendo la puerta a una serie de medidas que restringirían el derecho a decidir desde ese entonces y hasta la fecha.

Es decir, mientras que ha avanzado la lucha de los derechos humanos de las mujeres y las personas de la comunidad sexodiversa en los últimos 50 años y gracias a los movimientos feministas y a las alianzas con las organizaciones, partidos y gobiernos de izquierda y progresistas, también ha ido ganado espacio la contraofensiva conservadora que en realidad nunca se fue y que siempre ha combatido a las causas de la justicia social.

La Iglesia católica ha intervenido directamente en la ONU bajo la figura de la Santa Sede o el Estado Vaticano y en calidad de estado observador, que asiste y opina en las sesiones de trabajo, apuntando hacia esta agenda específica. De manera sistemática, el Vaticano ha vetado el avance de los derechos de mujeres y personas gestantes, incluido su derecho a la autonomía sexual y reproductiva. Ha lanzado campañas mediáticas para sensibilizar a la opinión pública en contra del aborto, por ejemplo, al nombrar el día de la Anunciación a la Virgen María como el Día del No Nacido y al beatificar a una mujer embarazada y con cáncer uterino que murió tras negarse a abortar para recibir tratamiento médico. Ha impulsado la creación de varias organizaciones no gubernamentales de mujeres católicas anti derechos, y con el apoyo de políticos y empresarios ha logrado incididir en mantener la criminalización del aborto en Estados Unidos y América Latina (Lamas, 2012).

En Estados Unidos, el activismo anti derechos y en contra del aborto no sólo ha ido en aumento en los últimos 30 años sino que se ha recrudecido en años recientes. La Federación Nacional del Aborto ha documentado un incremento en los allanamientos a clínicas de interrumpción del embarazo, así como obstrucción y amenazas al personal médico desde 2017. Grupos anti derechos organizados, poderosos y bien financiados como el Comité Nacional por el Derecho a la Vida Susan B. Anthony List, Americans United for Life, 40 Days for Life, Alliance Defending Freedom y Focus on the Family, han hecho de la oposición al aborto una prueba de fuego para las y los funcionarios electos del patido republicano. Además de que grupos católicos y evangélicos conservadores se movilizan  votando por políticos anti derechos, apoyando legislaciones contra el aborto y participando en acciones organizadas de alcance nacional e internacional como «40 Días por la Vida» y la «Marcha Nacional por la Vida» que se realizó el 21 de enero de este año en Washington, DC y que congregó a decenas de miles de personas de todo el país (Rumberger, 2021). Mientras que la Iglesia católica ha continuado financiado campañas anti aborto, como ocurrió en el estado de Kansas el año pasado (Legum 2021).

 

  1. Los contrastes: avance global del derecho a decidir

El revés de Roe vs. Wade en Estados Unidos puede tener un peso geopolítico significativo al incidir en que otros gobiernos sigan este camino. Pero también ocurre en medio de un avance mundial de los derechos sexuales y reproductivos.

En Irlanda, país de mayoría católica, dos tercios de la población votaron en un referéndum popular para despenalizar el aborto recién en 2018. La aprobación de la Ley de Salud en dicha nación permite que mujeres y personas gestantes soliciten abortos por cualquier motivo hasta el primer trimestre del embarazo.

En la India, el gobierno federal amplió los criterios para los abortos legales inducidos y voluntarios en 2021, al añadir una cláusula de privacidad para proteger a las mujeres que acuden a las clínicas que realizan este servicio. La reforma de la ley permite la interrupción del embarazo hasta la semana 20 de gestación, independientemente del estado civil de la mujer. Pero si un aborto se realiza fuera de los términos de la ley, se considera todavía un delito punible hasta con siete años de prisión para la persona afectada y para el personal de salud practicante.

También en 2021, Benín se sumó a Sudáfrica y Mozambique como las únicas naciones africanas que han legalizado ampliamente el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Corea del Sur también legalizó el aborto el año pasado mediante una reforma constitucional que determinó que el embrión no puede ser considerado una persona con derechos, al depender completamente del cuerpo de la mujer o persona gestante para su desarrollo.

En enero de 2021 entró en vigor en Argentina la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, gracias al gran ímpetu de la organización y movilización de las mujeres de la llamada «marea verde», y bajo el contexto favorable del gobierno progresista de Alberto Fernández. Mientras que en febrero de este año 2022, la Corte Constitucional de Colombia reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24.

Por su parte, en México la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tomó la histórica decisión de despenalizar el derecho al aborto en septiembre de 2021. El fallo de la SCJ invalidó, por unanimidad, la legislación de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel a las mujeres que se practicaran abortos inducidos y al personal médico que los practicaran, sentando un precedente para todo el país. Esto significa que el aborto inducido y voluntario no es más un delito en el territorio nacional. Y aunque la sentencia no se ha reflejado en las leyes y códigos de los 32 estados de la república, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ahora protege a mujeres y personas gestantes de ser criminalizadas si se realizan un aborto. En mayo de este año, se refrendó la Norma Oficial Mexicana 46 que garantiza el aborto por violación en todas las instituciones de salud privadas y públicas, con lo cual las menores de edad pueden abortar sin necesidad de autorización de sus padres o tutores.

Al igual que el caso argentino, este avance de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país es resultado del movimiento amplio de mujeres organizadas pero también del contexto político favorable. Desde el triunfo de Morena en 2018, siete estados de la república han despenalizado el aborto: Oaxaca, Veracruz, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Guerrero y Colima, acompañando a la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde el 2007. En los hechos, este sexenio, bajo el gobierno de Morena y su proyecto de la Cuarta Transformación, es en el que más ha avanzado en favor de la despenalización del aborto. Este avance es importantísimo en un país como México, que ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes (de jóvenes entre 15 y 19 años de edad), (INEGI, 2021) y que tiene un grave problema de violencia de género.

En Canadá el aborto es legal y gratuito, aunque con algunas normas atenuantes según las provincias que regulan su procedimiento y las condiciones de accesibilidad. Mientras que en América Latina y el Caribe, además de los casos de México, Argentina y Colombia, sólo en Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana, Guyana Francesa y Belice el aborto está despenalizado. En contraste, países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana, han endurecido sus leyes de interrupción del embarazo.

El caso de Honduras es de particular atención. Se trata de un derecho que se perdió en 1985, al revirarse las causales que le permitían el aborto legal. Al contrario de México, las mujeres y personas gestantes en Honduras encuentran en su constitución al primer obstáculo para ejercer su libertad reproductiva, tras una reforma que dicta la «protección» de la vida desde la concepción pasando por encima de los derechos y la autonomía sexual y reproductiva (García, Lozano y Arias, 2020).

En América Latina y el Caribe la tendencia de la despenalización del aborto que ha ganado impulso en los últimos años puede profundizarse, especialmente si encuentra contextos políticos favorables. Pero el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos también puede incidir en frenar esta tendencia e incluso en revertirla, puntualmente en aquellos territorios donde las derechas se empoderen, ganen escaños y donde los grupos evangélicos extiendan su accionar, frente a los vacíos del estado. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en los casos de Brasil y de Cuba, donde crece el poder de las iglesias evangélicas.

Si bien Cuba fue el primer país de América Latina en despenalizar el aborto, este derecho no se ha refrendado en ninguna legislación, aunque está institucionalizado en los servicios de salud. El artículo 43 de la constitución cubana de 2019 asegura el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes (aunque sin mencionar explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo). Pero el anteproyecto del Código de las Familias no incluyó el acceso al aborto inducido y voluntario dentro de la planificación familiar. Frente al auge de los fundamentalismos religiosos que incluso han ganado espacio en la televisión nacional, las mujeres cubanas están exigiendo el respaldo legal del derecho a decidir para garantizar su protección constitucional y su acceso universal.

En tiempos convulsos y polarizados como los que vivimos, no podemos olvidar que defender el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes significa defender la autonomía, que es plena o no es. Y si defendemos la autonomía de la nación, no podemos negar el derecho de las mujeres y de las personas disidentes de género a ser libres y soberanas sobre sus cuerpos. La lucha es por la autodeterminación y la soberanía: de nuestros cuerpos, de las mujeres, de los pueblos y de la nación.

 

Referencias

Amnistía Internacional. (17 de septiembre de 2020). «EEUU: Alarma por los informes que denuncian la esterilización forzosa de mujeres detenidas». URL: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/usa-informes-profundamente-alarmantes-sobre-esterilizacion-forzosa-de-mujeres-detenidas-por-el-ice/

BBC News Mundo. (24 de junio de 2022). «Aborto en Estados Unidos: el mapa que muestra dónde ya está prohibido y qué otros estados lo restringirán tras la sentencia de la Corte Suprema». URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61806681

García, Erika, Lozano, Grecia y Arias, Marcela. (2020). La criminalización de mujeres po el delito de aborto en Honduras. URL: https://clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/1315/La%20Criminalizacio%CC%81n%20de%20las%20Mujeres%20por%20el%20Delito%20de%20Aborto%20en%20Honduras.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gutiérrez, Ángela. (8 de julio de 2022). «Biden firma orden ejecutiva que protege el derecho al aborto tras fallo del Supremo». France 24. URL: https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20220708-biden-firmar%C3%A1-una-orden-ejecutiva-para-garantizar-el-acceso-al-aborto-tras-fallo-del-supremo

Guttmacher Institute. (4 de octubre de 2021). «For the First Time Ever, U.S. States Enacted More Than 100 Abortion Restrictions in a Single Year». URL: https://www.guttmacher.org/article/2021/10/first-time-ever-us-states-enacted-more-100-abortion-restrictions-single-year

Hartig, Hanna. (13 de junio de 2022). «About six-in-ten Americans say abortion should be legal in all or most cases». Pew Research Center. URL: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/06/13/about-six-in-ten-americans-say-abortion-should-be-legal-in-all-or-most-cases-2/

Human Rights Watch. (28 de junio de 2022). «El acceso al aborto es un derecho humano». URL:https://www.hrw.org/es/news/2022/06/28/el-acceso-al-aborto-es-un-derecho-humano

INEGI. (2021). Comunicado de Prensa no. 536/21. Estadísticas a propósito del Día mundial para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes (datos nacionales). URL: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Embarazos21.pdf

Lamas, Marta. (2012). «Mujeres, aborto e Iglesia católica». Revista de El Colegio de San Luis, II/3.

Legum, Judd, Crosby, Rebecca. (13 de julio de 2021). «Catholic Church spending big on anti-abortion constitutional amendment in Kansas». Popular Information. URL: https://popular.info/p/catholic-church-spending-big-on-anti

Monge, Yolanda. (30 de noviembre de 2021). «El derecho al aborto en Estados Unidos se decide en el Supremo». El País. URL: https://elpais.com/sociedad/2021-12-01/el-derecho-al-aborto-se-juega-en-el-tribunal-supremo-de-ee-uu.html

Rumberger, Anne. (14 de julio de 2021). «We Need a Left Strategy for Confronting the Anti-Abortion Movement». Jacobin Magazine. URL: https://jacobin.com/2021/07/anti-abortion-movement-choice-reproductive-justice

[1] La sentencia original cuestionaba una ley del estado de Texas que determinaba que el aborto era un delito en todos los casos, excepto cuando la vida de la mujer estuviese en riesgo. El caso había sido presentado por «Jane Roe», alias de una mujer soltera que quiso interrumpir su embarazo de manera segura y legal en Texas y no le fue permitido.

[2] Así lo establece la Ley de Licencia Familiar y Médica de 1993 (FMLA), sancionada bajo el mandato de Bill Clinton. Dicha legislación requiere que las y los empleadores brinden a sus trabajadores/as una licencia no remunerada con protección laboral por razones médicas y familiares calificadas.

[3] Hoy día Polonia y Malta son los dos únicos Estados miembros de la Unión Europea que no han legalizado el aborto voluntario.

[4] Phyllis Schlafly (1926–2016) fue una abogada, escritora y activista anti derechos y anti feminista de origen estadunidense. Fue autora de libros sobre temas de defensa nacional. En los años setenta llevó a cabo una campaña masiva contra la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos que se proponía hacer a la constitución de Estados Unidos. Fue fundadora del Eagle Forum, movimiento que congrega a 25.000 personas que defienden posturas en contra de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+.